Sesión Plenaria — Cámara de Representantes

ALERTA: Esta sesión plenaria del 17 de marzo de 2026 incluye el punto III de ANUNCIO DE PROYECTOS (Art. 8 AL 01/2003). Los proyectos que sean anunciados en esta sesión DEBERÁN ser debatidos y votados en la siguiente sesión plenaria de la Cámara de Representantes. Se recomienda monitorear el desarrollo de este punto para identificar cuáles proyectos quedan formalmente anunciados, ya que su debate en la próxima sesión será un requisito constitucional de validez del trámite legislativo.

Comisión Primera

ALERTA: En la sesión del 17 de marzo de 2026 se realizará el anuncio formal de proyectos (Art. 160 C.P. y Art. 8 AL 01/2003). Los proyectos que sean anunciados en esta sesión estarán habilitados constitucionalmente para surtir debate y votación en la SIGUIENTE sesión de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. Se recomienda hacer seguimiento al acta y gaceta resultante de esta sesión para identificar con precisión cuáles proyectos fueron anunciados y quedan en lista para el próximo debate.

Comisión Primera

La Comisión Primera del Congreso de Colombia sesionó el 18 de marzo de 2026 con una agenda de cuatro proyectos, entre los cuales destaca como prioridad crítica el proyecto acumulado 067/2025C y 146/2025C, que propone una reforma estructural al régimen de propiedad horizontal establecido en la Ley 675 de 2001. Este proyecto, actualmente en primer debate con ponencia publicada en las gacetas 2063/2025, 1235/2025 y 1320/2025, introduce modificaciones sustanciales en materia de gobernanza de conjuntos residenciales y comerciales, cuotas de administración y responsabilidades legales, lo que representa un riesgo regulatorio significativo para los sectores de construcción, finca raíz, administración de propiedad horizontal, seguros, servicios públicos domiciliarios y tecnología para edificios. Los directores jurídicos y de asuntos públicos de empresas y gremios vinculados a estos sectores deben actuar con urgencia para revisar los textos de ponencia disponibles en las gacetas citadas y estructurar proposiciones técnicas que prevengan cargas operativas desproporcionadas antes de que el proyecto avance a segundo debate.

Se recomienda coordinar de manera inmediata con Camacol, Fedelonjas y las asociaciones de administradores de propiedad horizontal para consolidar una posición gremial unificada que tenga incidencia efectiva en las deliberaciones de la Comisión Primera.

⚠️ Alerta prospectiva: ALERTA: La sesión del 18 de marzo de 2026 incluye un punto formal de anuncio de proyectos (Art. 160 CP / Art. 8 AL 01/2003). Los proyectos que sean anunciados en esta sesión quedarán habilitados constitucional y reglamentariamente para ser debatidos y votados en la siguiente sesión de la Comisión Primera. Se recomienda hacer seguimiento al acta y la grabación de esta sesión para identificar cuáles proyectos fueron anunciados y anticipar el orden del día de la próxima sesión.

"Por medio del cual se reforma y adiciona la Ley 675 de 2001, Régimen de Propiedad Horizontal en Colombia, y se dictan otras dispos..."

Impacto: Las modificaciones al régimen de propiedad horizontal impactan directamente a constructoras, administradores de conjuntos residenciales y comerciales, y proveedores de servicios asociados, alterando reglas de gobernanza, cuotas de administración y responsabilidades legales.

Sectores: construcción, finca raíz, administración de propiedad horizontal, seguros

"Por la cual se establecen disposiciones de reparación simbólica a las víctimas de la masacre de las bananeras y otras formas de vi..."

Impacto: Aunque es principalmente una medida de reparación simbólica histórica, puede generar precedentes para reclamaciones laborales y sindicales contra empresas del sector agroindustrial y bananero, además de fortalecer el movimiento sindical en negociaciones futuras.

Sectores: agroindustria, sector bananero, empresas con historia sindical conflictiva, recursos humanos y relaciones laborales

Sesión Plenaria — Cámara de Representantes

La Secretaría General del Congreso de Colombia tiene programados para el 18 de marzo de 2026 un total de 19 proyectos en debate, de los cuales 3 son de alto impacto y 4 de medio impacto, lo que exige atención inmediata por parte de los equipos jurídicos y de asuntos públicos de los sectores involucrados. El proyecto 618/2025C-257/2024S, que modifica la Ley 50 de 1990 para permitir retiros parciales de cesantías destinados a emprendimientos de mujeres, se encuentra en segundo debate y representa un cambio operativo directo para todos los empleadores del país, por lo que gremios como ANDI, Fenalco y Acopi deben revisar con urgencia el articulado y preparar observaciones técnicas antes de su eventual aprobación en plenaria. De igual manera, el proyecto 624/2025C-184/2024S sobre donación de sangre y seguridad transfusional, también en segundo debate, afecta directamente al sector salud, bancos de sangre, laboratorios e industria farmacéutica, quienes deben evaluar las nuevas obligaciones regulatorias y su impacto en los procesos internos de habilitación y operación.

Se recomienda a los directores jurídicos y de asuntos públicos de los sectores mencionados activar de inmediato sus canales de interlocución con el Congreso, documentar posiciones institucionales y coordinar con sus agremiaciones para incidir en los debates restantes antes de que estos proyectos alcancen su aprobación definitiva.

"Por medio de la cual se establecen medidas para promover la autonomía económica de la mujer y el fomento de los emprendimientos de..."

📌 Coordinador ponente: Jorge Alexander Quevedo Herrera

Impacto: La modificación a la Ley 50 de 1990 para permitir retiros parciales de cesantías para emprendimientos de mujeres implica cambios operativos y administrativos directos para todos los empleadores que manejan fondos de cesantías de sus trabajadoras.

Sectores: todos los sectores empleadores, sector financiero, microempresas y emprendimiento, recursos humanos

"Por medio de la cual se dictan disposiciones para promover la inclusión y participación en los procesos de donación de sangre, mej..."

📌 Coordinador ponente: Martha Lisbeth Alfonso Jurado

Impacto: Introduce regulaciones sobre donación, seguridad y disponibilidad de sangre y hemoderivados, lo que puede implicar nuevos estándares de cumplimiento, costos operativos y cambios en la cadena de suministro para clínicas, hospitales y laboratorios.

Sectores: salud, laboratorios, bancos de sangre, industria farmacéutica

"Por medio de la cual el gobierno nacional actualizará e implementará la política pública integral que garantice la cobertura unive..."

📌 Coordinador ponente: Hugo Alfonso Archila Suárez

Impacto: La cobertura universal en cáncer implica nuevas obligaciones de atención, posibles regulaciones de precios de medicamentos oncológicos y mayores exigencias a aseguradoras y prestadores de salud.

Sectores: salud, farmacéutico, seguros, tecnología médica

"Por medio de la cual se modifica el artículo 6 de la Ley 3 de 1991 y se dictan otras disposiciones..."

Impacto: La modificación del artículo 6 de la Ley 3 de 1991 relacionada con vivienda de interés social puede alterar condiciones de financiación, subsidios o requisitos para proyectos del sector constructor y financiero.

Sectores: sector inmobiliario, finca raíz, construcción, entidades financieras

"Por medio de la cual se establece el marco legal para el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez de los integrantes ..."

Impacto: El reconocimiento de pensión especial de vejez para personal penitenciario de alto riesgo puede sentar precedentes que extiendan beneficios similares a otros sectores con actividades de alto riesgo, aumentando cargas pensionales para empleadores.

Sectores: sector público, seguridad privada, fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales

"Por medio del cual se implementa un aviso con la letra "a" de aprendiz para las personas que expidan su licencia de conducción por..."

Impacto: La obligación de identificar a conductores novatos con la letra 'a' puede generar ajustes en los procesos de las autoescuelas, aseguradoras y empresas de transporte que contratan conductores nuevos, además de posibles implicaciones en tarifas de seguros.

Sectores: transporte, autoescuelas y centros de enseñanza automovilística, seguros de vehículos, logística

"Por medio de la cual se declara el 15 de marzo como el día nacional de la educación y la inclusión financiera, y se dictan otras d..."

Impacto: La declaratoria de un día nacional podría derivar en obligaciones de reporte, campañas educativas obligatorias o metas de inclusión financiera para entidades del sector.

Sectores: sector financiero, banca, fintech, educación

Comisión Cuarta

ALERTA: Esta sesión del 18 de marzo de 2026 incluye un punto formal de ANUNCIO DE PROYECTOS (Art. 8 AL 01/2003). Los proyectos que sean anunciados en esta sesión deberán ser debatidos en la SIGUIENTE sesión ordinaria de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. Se recomienda hacer seguimiento al acta y gaceta resultante de esta sesión para identificar qué proyectos fueron anunciados y anticipar el debate próximo, especialmente en materias propias de la Comisión Cuarta (presupuesto, impuestos, crédito público, comercio exterior, régimen cambiario, actividad financiera, bursátil y aseguradora).

Comisión Segunda

ALERTA: La sesión del 18 de marzo de 2026 incluye un punto formal de anuncio de proyectos de ley para primer debate (Art. 8 AL 01/2003). Los proyectos que sean anunciados en esta sesión quedarán habilitados constitucionalmente para ser debatidos y votados en la siguiente sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Se recomienda hacer seguimiento al acta y/o gaceta que registre los proyectos efectivamente anunciados para identificar qué iniciativas estarán en agenda inmediata.

Comisión Quinta

ALERTA: La Comisión Quinta realizará en esta sesión (18 de marzo de 2026) el anuncio formal de proyectos de ley, cumpliendo el requisito constitucional del Art. 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. Los proyectos que sean anunciados en este punto III del orden del día DEBERÁN ser objeto de debate y votación en la sesión inmediatamente siguiente. Se recomienda hacer seguimiento al Acta No. 022 y a la gaceta en que sea publicada para identificar los números y títulos exactos de los proyectos anunciados, ya que el orden del día no los lista explícitamente.

Esto marca el inicio del segundo período de sesiones (16 de marzo al 20 de junio de 2026).

Comisión Legal para la Equidad de la Mujer

No se registran anuncios de proyectos para debate en próxima sesión. La sesión del 24 de marzo de 2026 tiene carácter deliberativo y de análisis político sobre los resultados electorales del 8 de marzo de 2026 en materia de participación femenina y violencia política contra la mujer. No se tramitan proyectos de ley en este orden del día.

Comisión Cuarta

No se registra sesión de anuncio de proyectos en esta orden del día. La sesión del 25 de marzo de 2026 se centra exclusivamente en el debate de control político al Director de la ANT. No se anticipan proyectos legislativos para debate en la siguiente sesión a partir de este evento.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO A LA LEY 361 DE 1997 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN Y EST..."

Se radicó el Proyecto de Ley 506/2025C, que amplía la estabilidad laboral reforzada, regula la reubicación de personas con discapacidad e impone obligaciones de reconversión ante automatización, afectando a todos los empleadores con personal dependiente en sectores como manufactura, salud, servicios públicos y tecnología. El impacto es alto: aumentan los costos de desvinculación con indemnizaciones de hasta 6 meses de salario adicionales, se crean trámites administrativos y judiciales previos obligatorios para despidos, y surgen nuevas cargas de formación ante procesos de digitalización. Las empresas y gremios deben actuar de inmediato mapeando la proporción de su planta que quedaría bajo las nuevas categorías de protección, cuantificando el impacto económico y presentando comentarios técnicos ante las comisiones de ponencia en Cámara sobre plazos de reconversión y alcance del fuero circunstancial.

Es prioritario articularse con otros gremios para incidir en la reglamentación que el Ministerio del Trabajo deberá expedir en los 6 meses siguientes a la promulgación.

Disposiciones principales

• Codificación legal de la estabilidad laboral reforzada para cinco grupos: aforados sindicales, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y sus parejas dependientes, pre-pensionados a 3 años o menos, y trabajadores en fuero circunstancial por negociación colectiva.
• Exigencia de autorización previa del inspector de trabajo o juez laboral para despedir a trabajadores con estabilidad reforzada, con excepciones si la condición fue consignada expresamente en el contrato.
• Adición del artículo 26D a la Ley 361 de 1997, que obliga al empleador a reubicar al trabajador con discapacidad sobreviniente en un cargo compatible con su salud, con asesoría y certificación de la ARL.
• Obligación de reconvertir laboralmente (mínimo 6 meses de formación previa) y reubicar a trabajadores cuyo cargo sea eliminado por automatización; en caso de imposibilidad, solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para despidos colectivos y pagar indemnización legal.
• Integración de un seguro de desempleo por automatización al mecanismo de protección al cesante, con continuidad en cotizaciones a seguridad social para el trabajador afectado.

Acción recomendada: Los gremios y empresas deben: (1) hacer un mapeo inmediato del porcentaje de su planta laboral que quedaría cubierto por las nuevas categorías de estabilidad reforzada; (2) cuantificar el impacto económico del nuevo trámite de autorización previa y las indemnizaciones adicionales; (3) presentar comentarios técnicos y propuestas de ajuste ante las comisiones de ponencia en Cámara, especialmente sobre los plazos de reconversión y el alcance del fuero circunstancial; (4) articularse con otros gremios para incidir en la reglamentación que deberá expedir el Ministerio del Trabajo en los 6 meses siguientes a la promulgación.

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULO 481, 482 Y 448 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO..."

Se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 507/2025C, impulsado por 11 representantes de oposición, que busca modificar los artículos 448, 481 y 482 del Código Sustantivo del Trabajo para prohibir pactos colectivos en empresas con sindicato, eliminar contratos sindicales de intermediación laboral y ampliar las garantías del derecho de huelga. El impacto es alto y transversal: sectores como minería, construcción, agroindustria, salud y servicios públicos perderían herramientas contractuales vigentes y quedarían obligados a negociar condiciones laborales exclusivamente con organizaciones sindicales, incrementando significativamente el poder de presión de estas durante conflictos colectivos. Se recomienda actuar de inmediato en tres frentes: cuantificar la exposición contractual actual en pactos y contratos sindicales vigentes, activar interlocución técnica con el Ministerio del Trabajo y congresistas clave durante los debates en comisión, y coordinar una posición gremial unificada a través de ANDI, Fenalco y gremios sectoriales para incidir en el trámite legislativo.

La ventana de acción es el período de debates en comisión; una respuesta tardía o desarticulada aumenta el riesgo de aprobación sin ajustes que protejan la operación del sector privado.

Disposiciones principales

• Prohibición absoluta de pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados en empresas donde exista presencia de organizaciones sindicales en cualquier nivel.
• Los beneficios de pactos colectivos vigentes se incorporan a los contratos individuales y no podrán prorrogarse al vencimiento.
• Prohibición de contratos sindicales o acuerdos civiles o mercantiles que encomienden a sindicatos la ejecución de obras o prestación de servicios a cambio de precio, con régimen transitorio de formalización laboral.
• Prohibición expresa del esquirolaje en cualquiera de sus formas durante la huelga, con obligación de abstenerse de sustituir funciones rehusadas.
• Reconocimiento de la autonomía sindical para determinar la duración de la huelga o solicitar tribunal de arbitramento en cualquier momento, y protección de huelguistas frente a represalias.

Acción recomendada: Los gremios y empresas afectadas deben: (1) identificar y cuantificar de inmediato la exposición actual en pactos colectivos y contratos sindicales vigentes; (2) activar canales de interlocución con el Ministerio del Trabajo y congresistas para presentar observaciones técnicas y jurídicas durante los debates en comisión; (3) preparar análisis de constitucionalidad sobre posibles afectaciones al derecho de asociación y libre empresa; (4) diseñar estrategias de transición hacia modelos de negociación colectiva directa con sindicatos en caso de aprobación; y (5) coordinar posición gremial unificada a través de la ANDI, Fenalco y gremios sectoriales para incidir en el trámite legislativo.

"por medio del cual se establece la protección de los derechos a la salud y al goce de un ambiente sano generando lineami..."

Se radicó el Proyecto de Ley 509/2025C, que establece lineamientos de eficiencia energética, calidad de combustibles y reducción de emisiones vehiculares con el propósito de proteger los derechos a la salud y al ambiente sano; su impacto sobre el sector es alto. Los sectores automotriz, transporte, hidrocarburos e importadores de vehículos enfrentarán obligaciones técnicas y operativas que pueden generar costos significativos de adaptación de flotas, reformulación de productos y pérdida de competitividad frente a tecnologías de combustión interna. Los autores incluyen a parlamentarios de diversas bancadas, entre ellos Angélica Lozano, Andrea Padilla, Ariel Ávila y Humberto de la Calle, lo que sugiere respaldo multipartidista y viabilidad política del trámite.

Se recomienda que los gremios del sector conformen de inmediato mesas técnicas para elaborar análisis de impacto económico y presentar observaciones ante la Comisión Quinta de la Cámara durante las audiencias públicas, priorizando la negociación de plazos de transición razonables y estándares técnicos viables.

Disposiciones principales

• Establecimiento de estándares mínimos de eficiencia energética para vehículos de fuentes móviles terrestres
• Regulación de la calidad de los energéticos (combustibles) utilizados en el transporte terrestre
• Fijación de límites máximos de emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero para vehículos
• Lineamientos de política pública para la protección de los derechos a la salud y al goce de un ambiente sano vinculados al sector transporte
• Asignación de competencias a entidades reguladoras para la implementación y control de las medidas previstas

Acción recomendada: Los gremios del sector automotriz, transporte y combustibles deben conformar mesas técnicas para revisar los estándares propuestos, elaborar análisis de impacto económico y presentar observaciones ante la Comisión Quinta de la Cámara durante las audiencias públicas, proponiendo plazos de transición razonables y criterios técnicos viables.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, SE CREA LA ACCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y SE..."

Alerta Ejecutiva — Radicación Proyecto de Ley 510/2025C El proyecto de ley "Por medio de la cual se definen los derechos de los usuarios, se crea la acción de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones", radicado por los representantes Irma Luz Herrera Rodríguez, Ana Paola Agudelo García, Carlos Eduardo Guevara Villabón y Manuel Antonio Virgüez Piraquive, busca reformar el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios —energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas natural— y crear una acción judicial específica para la protección de usuarios. El impacto se califica como alto, dado que la iniciativa modifica el marco contractual y de responsabilidad de todos los prestadores en Colombia, sectores con inversiones billonarias, y la nueva acción judicial expone a las empresas a un incremento significativo de litigiosidad, contingencias judiciales y posibles ajustes tarifarios que comprometen su sostenibilidad financiera. Se recomienda que los gremios del sector —ANDESCO y operadores de energía, acueducto y gas— actúen de forma inmediata mediante el análisis detallado del articulado, la presentación de comentarios técnicos ante la Comisión Sexta de la Cámara, la solicitud de audiencias públicas con los autores y la coordinación con la SSPD, CREG y CRA para el análisis de impacto regulatorio.

La ventana de incidencia es estrecha: es prioritario preparar un pliego alternativo que equilibre la protección al usuario con la viabilidad operativa y financiera de los prestadores antes de que el proyecto avance en su trámite legislativo.

Disposiciones principales

• Definición y codificación de los derechos de los usuarios en el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios (energía, acueducto, alcantarillado, aseo y gas natural).
• Creación de una acción judicial específica denominada 'Acción de Servicios Públicos Domiciliarios' para que los usuarios puedan demandar a las empresas prestadoras ante la jurisdicción.
• Establecimiento de un régimen jurídico integral para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y sus actividades complementarias.
• Definición de las obligaciones y derechos de las empresas prestadoras en el marco del contrato de condiciones uniformes.
• Regulación de las relaciones contractuales entre prestadores y usuarios, con énfasis en la protección al consumidor de servicios públicos.

Acción recomendada: Los gremios del sector (ANDESCO, Empresas de Energía, operadores de acueducto y gas) deben: (1) estudiar en detalle el articulado completo del proyecto para identificar disposiciones que amplíen desproporcionadamente la responsabilidad de los prestadores; (2) presentar comentarios técnicos ante la Comisión Sexta de la Cámara; (3) solicitar audiencias públicas con los autores del proyecto; (4) coordinar con la SSPD, CREG y CRA análisis de impacto regulatorio; y (5) preparar propuestas de pliego alternativo que equilibre protección al usuario con sostenibilidad empresarial.

"Por medio de la cual se adoptan medidas para la eficiencia tributaria del transporte de carga terrestre en materia del I..."

Se radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 505/2025C, promovido por el representante Wilmer Yair Castellanos Hernández, con el propósito de eliminar la obligación de presentar declaración de Industria y Comercio en cada municipio cuando el impuesto haya sido recaudado en su totalidad mediante retención en la fuente, beneficiando principalmente a microempresarios del transporte de carga terrestre. El impacto se califica como medio: no hay reducción de carga tributaria sustancial, pero sí una simplificación significativa de obligaciones formales con reducción de costos de cumplimiento y riesgo sancionatorio, condicionada a que los concejos municipales expidan los acuerdos de ajuste dentro del plazo de seis meses previsto en la iniciativa. Se recomienda a los gremios del sector, en particular Fedetranscarga y Colfecar, respaldar activamente el proyecto en audiencias públicas, presentar evidencia cuantificada de la carga administrativa actual y hacer seguimiento ante las comisiones económicas de Cámara y Senado.

Como acción prioritaria, los gremios deben preparar y socializar propuestas de acuerdos modelo con los concejos municipales de los principales nodos logísticos del país, anticipando el plazo de ajuste de tarifas de retención para garantizar la implementación efectiva de la norma.

Disposiciones principales

• Obligación a los concejos municipales y distritales de ajustar, en un plazo de 6 meses, las tarifas de retención del ICA para que el valor retenido sea equivalente al impuesto total a cargo del transportador (Art. 3).
• Facultad al transportador de carga terrestre de no presentar declaración de ICA cuando el impuesto haya sido recaudado íntegramente mediante retención en la fuente y no configure otros hechos generadores en la jurisdicción (Art. 4).
• Exclusión de los transportadores de carga terrestre de la regla general del régimen SIMPLE que los eximía de retención: aun en SIMPLE, seguirán siendo sujetos y agentes de retención por ICA (Art. 5, adicionando parágrafo al Art. 911 del Estatuto Tributario).
• Facultad a los concejos municipales para ampliar la lista de agentes retenedores del ICA en el sector de transporte de carga terrestre, con el fin de mejorar el recaudo (Art. 8).
• Obligación subsidiaria de declarar y cumplir todas las obligaciones formales cuando no se practique la retención en la fuente, garantizando que no existan vacíos de recaudo (Art. 7).

Acción recomendada: Los gremios del sector transporte (Fedetranscarga, Colfecar y similares) deben: (1) respaldar activamente el proyecto mediante intervenciones en las audiencias públicas del trámite legislativo; (2) presentar comentarios técnicos para reforzar la exposición de motivos con datos de carga administrativa cuantificada; (3) hacer seguimiento al trámite ante las comisiones económicas de Cámara y Senado; (4) preparar propuestas de acuerdos modelo para socializar con los concejos municipales de los principales nodos logísticos del país, anticipando el plazo de 6 meses para ajuste de tarifas de retención.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODERNIZA LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS PARA LA FORMACIÓ..."

Se radicó el Proyecto de Ley 514/2026C, que moderniza la asignatura de Tecnología e Informática en educación básica y media, incorporando competencias en programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital como parte de una política pública de Educación Digital; la iniciativa es liderada por ocho representantes a la Cámara, con Irma Luz Herrera Rodríguez como autora principal. El impacto sobre el sector privado es medio, con obligaciones centradas en el Estado, pero con oportunidades concretas para proveedores de tecnología educativa, plataformas digitales y editoriales en licitaciones y contratos públicos. Se recomienda que los gremios del sector tecnológico, encabezados por la CCIT, y las editoriales educativas hagan seguimiento activo al debate en la Comisión Sexta y presenten observaciones sobre los estándares curriculares propuestos.

El momento clave es posicionarse como aliados estratégicos del MEN y MinTIC para la provisión de contenidos, plataformas y capacitación docente antes de que el proyecto avance a ponencia.

Disposiciones principales

• Rediseño curricular obligatorio de la asignatura de Tecnología e Informática para incluir pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial y ciencia de datos.
• Creación y adopción de una política pública denominada 'Educación Digital' con lineamientos nacionales para todos los niveles de educación básica y media.
• Incorporación progresiva de contenidos sobre tecnologías emergentes en los planes de estudio oficiales.
• Establecimiento de competencias en ciudadanía digital como componente transversal del currículo.
• Asignación de responsabilidades regulatorias y de implementación a entidades del Estado en materia de formación docente y dotación tecnológica.

Acción recomendada: Los gremios del sector tecnológico (como la CCIT) y las editoriales educativas deben hacer seguimiento al debate en la Comisión Sexta, presentar observaciones sobre los estándares curriculares propuestos y posicionarse como aliados estratégicos del MEN y MinTIC para la provisión de contenidos, plataformas y capacitación docente.

"POR MEDIA DE LA CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA DIGNIFICAR EL PERIODO DE VIDA DE LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON ESCLERO..."

Se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 518/2026C, que busca establecer medidas de protección especial para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades huérfanas en Colombia, con autoría de los representantes Julio Alberto Elias Vidal, Nadia Georgette Blel Scaff y Pedro Hernando Flórez Porras. El proyecto tiene un impacto medio sobre el sector salud, la industria farmacéutica y el sector asegurador, al ampliar obligaciones de cobertura y atención que podrían incrementar costos operativos para EPS, IPS y empresas farmacéuticas. Se recomienda que los gremios del sector salud revisen el texto completo del proyecto e identifiquen las nuevas obligaciones y costos asociados antes de los debates en la Comisión Séptima de la Cámara.

Es prioritario presentar observaciones técnicas que propongan mecanismos de financiación sostenibles, como ajustes en la UPC o la creación de fondos especiales, para garantizar la viabilidad de la iniciativa sin comprometer la estabilidad operativa del sector.

Disposiciones principales

• Reconocimiento de medidas de protección especial para pacientes con ELA y enfermedades huérfanas que garanticen atención integral y digna.
• Establecimiento de obligaciones para el sistema de salud en cuanto a diagnóstico oportuno, acceso a medicamentos y tecnologías para enfermedades huérfanas.
• Implementación de apoyos en cuidado paliativo, atención domiciliaria y acompañamiento psicosocial para pacientes y sus familias.
• Posibles exenciones o beneficios para cuidadores y familiares de pacientes con enfermedades huérfanas en materia laboral o de seguridad social.
• Mandato a entidades del Estado para articular políticas públicas orientadas a la investigación, registro y atención de enfermedades huérfanas.

Acción recomendada: Los gremios del sector salud (EPS, IPS, farmacéuticas) deben revisar el texto completo del proyecto, identificar las nuevas obligaciones de cobertura y costos asociados, y presentar observaciones técnicas ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes durante los debates, proponiendo mecanismos de financiación sostenibles como ajustes en la UPC o fondos especiales.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE INCLUYE LA ATENCIÓN A ANIMALES (DOMÉSTICOS, AMANSADOS, SILVESTRES VERTEBRADOS O EXÓTICOS VERTEBR..."

Se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 520/2026C, promovido por 24 representantes a la Cámara, que busca modificar la Ley 769 de 2002 para incorporar la atención médico-veterinaria de animales lesionados en accidentes de tránsito dentro de la cobertura obligatoria del SOAT. El impacto se califica como medio, dado que amplía las coberturas del seguro obligatorio sin establecer cuantías máximas precisas, generando incertidumbre actuarial para el sector asegurador, al tiempo que formaliza al sector veterinario privado como prestador reconocido por dicho seguro. Se recomienda que Fasecolda y las aseguradoras autorizadas presenten observaciones técnicas y actuariales ante las comisiones de tránsito del Congreso y la Superintendencia Financiera, exigiendo la definición de topes de cobertura, mecanismos antifraude y ajuste de prima previos a la entrada en vigor de la ley.

Paralelamente, las clínicas y centros veterinarios deben iniciar de inmediato las gestiones de habilitación como prestadores del SOAT para posicionarse en el nuevo mercado que crearía esta normativa.

Disposiciones principales

• Inclusión de animales (domésticos, amansados, silvestres vertebrados y exóticos vertebrados) como beneficiarios y víctimas del SOAT, modificando las definiciones del Decreto 780 de 2016.
• Adición de un parágrafo al artículo 42 de la Ley 769 de 2002 que obliga al SOAT a cubrir gastos médico-veterinarios de animales lesionados en accidentes de tránsito.
• Modificación del artículo 192 del Decreto 663 de 1993 para incluir explícitamente a los animales en la obligatoriedad, función social y coberturas del seguro obligatorio.
• Creación de un parágrafo 2 en el artículo 193 del Decreto 663 de 1993 que establece cobertura de gastos veterinarios, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para animales, incluyendo atención en Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV).
• Delegación al Gobierno nacional para reglamentar en un plazo máximo de 12 meses las cuantías, coberturas y condiciones técnicas del nuevo amparo veterinario dentro del SOAT.

Acción recomendada: Las aseguradoras autorizadas para operar el SOAT y sus gremios (Fasecolda) deben presentar observaciones técnicas y actuariales ante las comisiones de tránsito del Congreso y ante la Superintendencia Financiera, señalando la necesidad de definir cuantías máximas claras para la cobertura veterinaria, el mecanismo de control del fraude y el ajuste de la prima antes de la entrada en vigor de la ley. Las clínicas veterinarias deben iniciar gestiones para habilitarse como prestadores del SOAT.

"POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO DE LA QUÍMICA FARMACÉUTICA EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISP..."

Alerta Ejecutiva — Radicación Proyecto de Ley 524/2026C El representante Pedro Hernando Flórez Porras radicó el Proyecto de Ley 524/2026C, que busca expedir el Código de Ética para el ejercicio de la Química Farmacéutica en Colombia, estableciendo principios deontológicos, tribunales disciplinarios, procedimientos, faltas y sanciones aplicables a los profesionales del sector. El impacto se clasifica como medio, dado que introduce un nuevo marco disciplinario con consecuencias directas sobre los profesionales y las empresas que los emplean, sin generar cargas tributarias ni reestructuraciones operativas mayores para la industria. Los sectores afectados incluyen farmacéutico, salud, industria de medicamentos, droguerías, farmacias y programas universitarios de Química Farmacéutica.

Se recomienda que AFIDRO, FENALCO Farmacias y las agremiaciones de Químicos Farmacéuticos revisen el texto completo, participen en las audiencias de la Comisión Sexta de Cámara y presenten observaciones formales sobre la composición y financiamiento de los tribunales éticos, así como sobre la proporcionalidad de las faltas y sanciones tipificadas para evitar inseguridad jurídica.

Disposiciones principales

• Declaración de principios deontológicos que rigen el ejercicio de la Química Farmacéutica en Colombia.
• Creación y definición de tribunales éticos competentes para investigar y juzgar faltas de los profesionales del sector.
• Establecimiento de un procedimiento formal para la investigación y juzgamiento de conductas contrarias a la ética profesional.
• Tipificación de las faltas éticas y definición de las sanciones aplicables a los químicos farmacéuticos.
• Regulación integral del ejercicio ético de la profesión, complementando normas existentes sobre habilitación y ejercicio profesional.

Acción recomendada: Los gremios farmacéuticos (AFIDRO, FENALCO Farmacias, agremiaciones de Químicos Farmacéuticos) deben revisar el texto completo del proyecto, participar en las audiencias de la Comisión Sexta de Cámara, presentar observaciones sobre la composición y financiamiento de los tribunales éticos, y asegurarse de que las faltas y sanciones tipificadas sean proporcionales y no generen inseguridad jurídica para sus agremiados.

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 132 DE LA LEY 1448 DE 2011, ADICIONANDO PARAGRAFO Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2..."

Se radicó en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 525/2026C, promovido por los representantes Montaño Arizala, Rincón Gutiérrez, Núñez Ramos y González Agudelo, con el objeto de priorizar el pago de indemnizaciones administrativas a víctimas ubicadas en municipios PDET y extender la vigencia de la Ley 1448 de 2011 hasta el 10 de junio de 2051. El impacto sectorial es calificado como medio, dado que la iniciativa no genera cargas directas al sector privado, pero sí implica efectos fiscales indirectos y posibles variaciones en los cronogramas de reparación que inciden en la estabilidad de territorios con presencia empresarial. Las organizaciones con operaciones en zonas PDET o vinculadas a procesos de restitución de tierras deben activar su monitoreo legislativo y evaluar las implicaciones territoriales que la priorización de pagos puede generar sobre sus áreas de influencia.

Se recomienda establecer contacto con la UARIV para anticipar cambios operativos y gestionar de forma preventiva los riesgos de relacionamiento comunitario asociados al avance de este proyecto.

Disposiciones principales

• Adición del parágrafo 8 al artículo 132 de la Ley 1448 de 2011: las víctimas residentes en alguno de los 170 municipios PDET tendrán prioridad en el orden de turno para el pago de la indemnización administrativa
• Obligación de pago a todo el núcleo familiar con derecho a indemnización cuando aplique la prioridad PDET
• Extensión de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 desde el año 2031 hasta el 10 de junio de 2051, según el texto del articulado, aunque la exposición de motivos menciona 2041 como fecha objetivo
• Mantenimiento de la derogatoria de los artículos 50, 51, 52 y 53 de la Ley 975 de 2005 ya prevista en el artículo 208 original

Acción recomendada: Los gremios con operaciones en zonas PDET o vinculados a procesos de restitución de tierras deben monitorear el avance del proyecto, evaluar si la priorización territorial puede afectar procesos de restitución o uso de tierras en sus áreas de influencia, y coordinar con la UARIV para entender los cambios en los cronogramas de pago que podrían incidir en la estabilidad social de los territorios donde operan

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 2200 DE 2022, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES..."

Se radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 527/2026C, presentado por el Ministro del Interior Armando Benedetti Villaneda, con el objeto de modificar y adicionar la Ley 2200 de 2022 para fortalecer el funcionamiento, la organización administrativa, el control político y la transparencia en la elección de funcionarios de las asambleas departamentales. El impacto sobre el sector privado se califica como medio, dado que las afectaciones son indirectas y recaen principalmente sobre proveedores tecnológicos del sector público, universidades ejecutoras de convocatorias y empresas industriales y comerciales departamentales sujetas a mayor control político. Se recomienda que los gremios vinculados a contratación con entidades territoriales, proveedores tecnológicos y universidades monitoreen activamente el avance del proyecto y participen en las audiencias públicas del trámite legislativo.

La acción prioritaria es incidir en la definición del reglamento técnico de infraestructura y dotación que expedirá el Ministerio del Interior junto con Confadicol.

Disposiciones principales

• Obligación a los gobiernos departamentales de garantizar infraestructura física y dotación tecnológica mínima para las asambleas, con plan de adecuación de hasta 4 años financiado con partidas presupuestales anuales.
• Reforma integral de las funciones de las asambleas departamentales, organizadas en siete categorías: reglamentaria, planeación y ordenamiento territorial, administrativa y organizacional, presupuestal y financiera, control político, y participación y transparencia.
• Establecimiento de convocatoria pública obligatoria y proceso meritocrático para la elección del secretario general de la asamblea, con período institucional anual renovable mediante evaluación de desempeño.
• Prohibición de reelección de diputados en dos períodos consecutivos en la mesa directiva, y obligación de recambio anual en integrantes de comisiones permanentes.
• Regulación del proceso de renuncia de diputados con procedimientos diferenciados según si la corporación está en sesión o en receso, incluyendo mecanismo para reemplazar mesas directivas cuando renuncian simultáneamente varios miembros.

Acción recomendada: Los gremios vinculados a contratación con entidades territoriales, proveedores tecnológicos del sector público y universidades deben monitorear el avance del proyecto y participar en los espacios de consulta o audiencias públicas que se convoquen durante el trámite legislativo, especialmente para incidir en la definición del reglamento técnico de infraestructura y dotación que expedirá el Ministerio del Interior junto con Confadicol.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL FESTIVAL NACIONAL DE COLONIAS DE VILLANUEVA CASANARE COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATER..."

Alerta Ejecutiva — Radicación de Proyecto de Ley Se radicó el Proyecto de Ley 515/2026C, autoría del representante Josué Alirio Barrera Rodríguez, que busca declarar el Festival Nacional de Colonias de Villanueva, Casanare, y todas sus manifestaciones culturales como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. El impacto para el sector privado es bajo, con carácter predominantemente simbólico y sin implicaciones regulatorias, tributarias ni cargas directas sobre las empresas. Los sectores de turismo, cultura y educación son los principales afectados, con un efecto económico indirecto y potencialmente favorable para la promoción regional.

Se recomienda a los gremios turísticos y culturales de Casanare acompañar el trámite legislativo para capitalizar el reconocimiento como herramienta de posicionamiento y atracción de visitantes, sin requerir intervención normativa urgente.

Disposiciones principales

• Declaración oficial del Festival Nacional de Colonias de Villanueva, Casanare, como patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
• Reconocimiento de todas las manifestaciones culturales asociadas al festival como parte del patrimonio inmaterial nacional.
• Obligación implícita del Estado de promover, proteger y salvaguardar el festival y sus expresiones culturales.
• Incorporación del festival al inventario de patrimonio cultural inmaterial del país, con los efectos jurídicos que ello conlleva.

Acción recomendada: Gremios del sector turístico y cultural de Casanare pueden acompañar y apoyar el trámite legislativo para aprovechar el reconocimiento como palanca de promoción turística y cultural de la región, sin necesidad de intervención normativa urgente.

"POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN RINDE HOMENAJE AL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAB, DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SE DICTAN OTRAS D..."

Se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 516/2026C, presentado por el representante Antonio José Correa Jiménez, mediante el cual la Nación rinde homenaje al municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre, con disposiciones de carácter declarativo y simbólico. La iniciativa tiene impacto bajo para el sector privado, sin modificaciones tributarias, laborales ni regulatorias que generen obligaciones directas sobre empresas o gremios. No se requiere acción inmediata; sin embargo, se recomienda seguimiento de baja prioridad para identificar si en el trámite legislativo se incorporan disposiciones presupuestales o mandatos a entidades públicas con efectos indirectos.

El proyecto no representa una alerta crítica para la operación del sector productivo.

Disposiciones principales

• Declaración de homenaje oficial de la Nación al municipio de San Benito Abad, Sucre
• Posible exaltación de valores culturales, históricos o sociales del municipio
• Disposiciones simbólicas de reconocimiento institucional por parte del Congreso
• Mandatos orientativos a entidades del Estado para visibilizar o apoyar al municipio

Acción recomendada: No se requiere acción inmediata por parte de gremios o empresas; seguimiento de baja prioridad para verificar si se incluyen disposiciones presupuestales o mandatos a entidades que puedan generar obligaciones indirectas.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 83, 162 Y EL ARTÍCULO 188 D DE LA LEY 599 DE 2000 Y SE DICTAN OTRAS DISPOS..."

Se radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 517/2026C, el cual busca modificar los artículos 83, 162 y 188D del Código Penal colombiano para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento y su uso en actividades ilícitas. El impacto directo sobre el sector privado y empresarial es bajo, dado que la iniciativa se concentra en ajustes normativos penales y en el funcionamiento del sistema de justicia. No obstante, las organizaciones del sector social, fundaciones y gremios de derechos humanos deben hacer seguimiento activo al trámite en la Comisión Primera de Cámara.

Se recomienda presentar observaciones técnicas oportunas para asegurar la coherencia de las modificaciones con estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Derecho Internacional Humanitario.

Disposiciones principales

• Modificación del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, posiblemente para ampliar o ajustar los términos de prescripción de la acción penal en delitos contra menores.
• Modificación del artículo 162 de la Ley 599 de 2000 (reclutamiento ilícito), presumiblemente para agravar penas o ampliar supuestos del tipo penal.
• Modificación del artículo 188D de la Ley 599 de 2000, relacionado con el uso de menores en la comisión de delitos, fortaleciendo su alcance sancionatorio.
• Establecimiento de disposiciones adicionales orientadas a la protección integral de la niñez y adolescencia frente a grupos armados o estructuras criminales.

Acción recomendada: Los gremios del sector social, fundaciones y organizaciones de derechos humanos deben monitorear el trámite legislativo en la Comisión Primera de Cámara y, si corresponde, presentar observaciones técnicas para garantizar que las modificaciones penales sean coherentes con estándares internacionales de protección de la niñez (Convención sobre los Derechos del Niño, DIH).

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL «TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD DE POLICÍAS DE AMÉRICA - AMERIPOL», SUSCRITO EN..."

El Congreso de la República radicó el Proyecto de Ley 519/2026C, presentado por la Ministra de Relaciones Exteriores Paola Andrea Vásquez Restrepo y el Ministro de Defensa Nacional Iván Velásquez Gómez, mediante el cual se busca incorporar al ordenamiento jurídico colombiano el Tratado Constitutivo de AMERIPOL y su anexo sobre privilegios e inmunidades para la sede permanente de esta organización en Bogotá. El impacto sobre el sector privado es bajo, dado que la iniciativa se circunscribe al ámbito público-institucional y de seguridad del Estado, sin generar obligaciones tributarias, laborales ni regulatorias directas, salvo efectos logísticos o inmobiliarios menores derivados de la instalación de la sede. Se recomienda a los gremios de seguridad privada y tecnología de seguridad explorar oportunidades de proveeduría con AMERIPOL, y a las empresas con operaciones transnacionales monitorear el fortalecimiento de la cooperación policial regional, que podría elevar estándares de cumplimiento en materia de crimen organizado.

El proyecto requiere seguimiento de trámite legislativo, sin necesidad de acción corporativa inmediata.

Disposiciones principales

• Creación formal de AMERIPOL como organismo de cooperación policial internacional entre los Estados Parte de América.
• Establecimiento de mecanismos articulados de prevención, investigación y combate del crimen transnacional entre cuerpos policiales.
• Fijación de la sede permanente de AMERIPOL en Bogotá, Colombia.
• Otorgamiento de privilegios e inmunidades diplomáticas al organismo y su personal para el funcionamiento de la sede en Colombia.
• Obligaciones recíprocas de cooperación policial entre los países signatarios del Tratado.

Acción recomendada: Los gremios del sector seguridad privada y tecnología de seguridad pueden explorar oportunidades de vinculación o proveeduría con AMERIPOL; empresas con operaciones transnacionales deben monitorear el fortalecimiento de cooperación policial regional que podría afectar estándares de cumplimiento.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE EL CARÁCTER DE FACTOR SALARIAL A LA BONIFICACIÓN JUDICIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE..."

Se radicó el Proyecto de Ley 521/2026C, que busca reconocer la Bonificación Judicial de los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar como factor salarial pleno, con efectos que trascienden la base de cotización a pensiones y salud. El impacto sobre el sector privado es bajo, dado que la iniciativa se circunscribe a entidades estatales del sector justicia sin afectación directa a gremios o empresas. No obstante, firmas de abogados y organizaciones con contratos de prestación de servicios en el sector justicia deben monitorear el avance legislativo por el posible precedente normativo y sus efectos en cargas parafiscales de sus contrapartes institucionales.

No se requiere acción inmediata del sector privado, pero se recomienda seguimiento activo del trámite parlamentario.

Disposiciones principales

• Reconocimiento expreso de la Bonificación Judicial como factor salarial pleno para todos los efectos legales y prestacionales.
• Ampliación del alcance de la bonificación más allá de la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• Inclusión de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Justicia Penal Militar, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Seccionales.
• Modificación o reinterpretación del alcance de los decretos 382, 383, 384 de 2013, 022 de 2014 y 1269 de 2015.
• Posible generación de obligaciones retroactivas de reliquidación de prestaciones para las entidades del sector justicia.

Acción recomendada: Al no afectar directamente al sector privado, no se requiere acción inmediata de gremios o empresas; sin embargo, asociaciones de abogados o firmas con contratos de prestación de servicios en el sector justicia deben monitorear el impacto fiscal y los posibles cambios en cargas parafiscales de sus contrapartes institucionales.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS PERSONALES EN LA EDUCACIÓN MEDIA..."

Alerta Ejecutiva — Radicación Proyecto de Ley 522/2026C Se radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 522/2026C, "Por medio de la cual se crea el programa de educación financiera y finanzas personales en la educación media", de autoría de los representantes Juan Carlos Garcés Rojas y Norma Hurtado Sánchez, con el objeto de incorporar este programa de forma obligatoria en el currículo de la educación media en Colombia. El impacto sobre el sector privado se califica como bajo, dado que no genera cargas tributarias ni regulatorias directas, aunque las instituciones educativas privadas deberán asumir ajustes curriculares graduales. Se recomienda que gremios como Asobancaria y Fasecolda, junto con las asociaciones de colegios privados, realicen seguimiento activo en la Comisión Sexta y participen en audiencias públicas para incidir en el diseño del programa.

La ventana de influencia es temprana y estratégica: proponer esquemas de alianza público-privada puede posicionar al sector como actor clave en la implementación.

Disposiciones principales

• Creación del Programa de Educación Financiera y Finanzas Personales como componente curricular obligatorio en la educación media.
• Fortalecimiento de las competencias financieras de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en instituciones educativas públicas y privadas.
• Incorporación de contenidos de finanzas personales (ahorro, crédito, presupuesto, inversión) en los planes de estudio de grados 10° y 11°.
• Posible obligación al Ministerio de Educación de reglamentar los lineamientos curriculares del programa.
• Articulación con entidades del sector financiero para el diseño e implementación del programa.

Acción recomendada: Los gremios del sector financiero (Asobancaria, Fasecolda, etc.) y las asociaciones de colegios privados deben hacer seguimiento al proyecto en la Comisión Sexta, participar en audiencias públicas para influir en el diseño curricular, y proponer alianzas público-privadas para la implementación del programa.

"POR MEDIO DE LA CUAL LA NACIÓN SE VINCULA Y RINDE HONORES AL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CON..."

Se radicó el Proyecto de Ley 523/2026C, mediante el cual la Nación se vincula a la conmemoración de los 250 años de fundación de Titiribí (Antioquia) y exalta la Mula de Silla como emblema de la cultura arriera local. La iniciativa, presentada por el representante Germán Alcides Blanco Álvarez, es de naturaleza declarativa y simbólica, sin impactos normativos, tributarios ni regulatorios sobre el sector privado. El impacto se califica como bajo y no se requiere acción urgente por parte de gremios o empresas.

Los actores del sector turístico y cultural de Antioquia pueden aprovechar la visibilidad de esta conmemoración para posicionar el patrimonio arriero y dinamizar oferta cultural y turística asociada a la celebración.

Disposiciones principales

• Vinculación oficial de la Nación a la conmemoración de los 250 años de fundación de Titiribí
• Rendición de honores y homenaje público a los habitantes del municipio de Titiribí
• Exaltación de la Mula de Silla como emblema de la cultura arriera de Titiribí
• Posibles mandatos a entidades del Estado para participar en actividades conmemorativas

Acción recomendada: Ninguna acción urgente requerida para gremios o empresas; actores del sector turístico y cultural de Antioquia podrían aprovechar la visibilidad generada para promover el patrimonio arriero y actividades relacionadas con la celebración.